El lío de la financiación autonómica viene de muy lejos. Desde que se fueron constituyendo las Comunidades Autónomas, el problema ha sido siempre el mismo. El Estado tenía que negociar con cada Gobierno regional el valor de las competencias que le transfería; y en cada caso una misma cosa alcanzaba un precio diferente porque había que tener en cuenta los precedentes, las afinidades políticas y la capacidad persuasiva de los contendientes. Los precedentes no eran otra cosa que el tratamiento que se había dado durante el régimen franquista al asunto en cuestión; un tratamiento que, dependiendo de las circunstancias –o sea, de la adhesión de las fuerzas locales al Régimen, de su aportación al elenco de procuradores y jerarcas del Movimiento y hasta de la personalidad de los gobernadores civiles–,...
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