Aplicar la ley.

El proceso secesionista impulsado desde Cataluña por los partidos independentistas sigue su camino, sus ritmos, y está previsto que en los próximos días anuncien la fecha del referéndum que pretenden celebrar, así como el texto de la pregunta que someterán a consulta. Todo es, por supuesto, manifiestamente ilegal, porque ni un Presidente de la Comunidad Autónoma, ni un parlamento autonómico pueden convocar un referéndum que ponga en solfa la soberanía nacional. Esta, como reza el artículo 1.2 de la Constitución, "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Ante este desafío -algunos lo han calificado de "golpe de Estado"- el Gobierno de la Nación, con su Presidente a la cabeza, no tiene otra que cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que por otra parte juraron o prometieron al tomar posesión de sus cargos. Hay que aplicar la ley, toda la ley, y nada más que la ley, pues a pesar de lo que piensa el actual Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Estado de Derecho en España es lo suficientemente fuerte y tiene las herramientas necesarias para impedir que se consume en las próximas semanas este desafío a ese Estado de Derecho.