Consecuencias de la desobediencia al Tribunal Constitucional.

El incumplimiento de la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional de la resolución independentista del Parlament puede poner en un brete a los empleados públicos autonómicos   El pasado 5 de noviembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, instó a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d’Esquadra a estar especialmente atentos ante los posibles delitos que se pudieran cometer en relación a la resolución independentista aprobada este lunes por el Parlament y suspendida ayer por el Tribunal Constitucional.  La Fiscalía ponía el foco en las autoridades no aforadas del Govern, en los funcionarios de la Generalitat y en los particulares en general (que es el ámbito competencial de la Audiencia Nacional). Y concretamente alertaba del riesgo de incurrir en delitos como los de rebelión, sedición, prevaricación, desobediencia, ursurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos, que llevan asociadas diversas penas de prisión y de inhabilitación para cargo público.(CRÓNICA GLOBAL)