¿Es posible tanta bellaquería como para que las

leyes, que deben proteger a los ciudadanos y garantizar la paz, puedan estar sometidas al inopinado criterio "anticonstitucional"(?) de unos jueces y magistrados(1), hasta de un politizado Tribunal Constitucional(2), dejando a los ciudadanos en el más completo desamparo o en manos de oportunistas, de golpistas de todo tipo o en la arbitrariedad y el caos? ¿Tanta inseguridad, tanto dolor y tanta infamia pueden suceder impunemente? ¿La indolencia de unos y la perversión de otros nos está llevando a un Estado fallido?

(1)  Cfr. PABLO PLANAS en LIBERTAD DIGITAL: Rebelión de jueces catalanes a favor del "derecho a decidir".  Una treintena de jueces suscribe un manifiesto a favor de las tesis separatistas en el que alegan que dividir España es "constitucional".

En CRÓNICA GLOBAL: "Una treintena de jueces de Cataluña salen en defensa del referéndum secesionista de Mas.

Los magistrados firman un manifiesto en el que aseguran que "no admite discusión" que "Cataluña es una nación", lo que "comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir". Entre otros argumentos, apelan al intento de golpe de Estado de Tejero, en 1981, para justificar que la Constitución no recoja ese reconocimiento de modo "más explícito". Su portavoz asegura que no es un documento político, sino que expresa "una opinión jurídica". El polémico Santiago Vidal y los instructores del caso Palau, entre los firmantes).

(2) La declaración soberanista aprobada el 23 de enero de 2013 por el Parlamento catalán sobre «el derecho a decidir del pueblo de Cataluña» no concita unanimidad en el Tribunal Constitucional, ni mucho menos. Al menos, hasta estos momentos, los criterios de los magistrados sobre la constitucionalidad o no de ese acuerdo están bastante distantes, divididos, prácticamente, en dos grupos, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de toda solvencia. En un lado estarían aquellos miembros del TC considerados «progresistas», que defienden la constitucionalidad de la declaración citada y, por otro, englobados en el grupo «conservador», que sostienen que es radicalmente inconstitucional.