La democracia española atraviesa su momento más crítico desde su restauración en 1978. La insólita agresión al orden constitucional que sostiene la Generalitat de Cataluña justifica sobradamente la respuesta que el Estado está desplegando con medida proporcionalidad pero con toda firmeza. Ningún ciudadano celoso de su libertad política y preocupado por la integridad de su nación perdonaría ahora forma alguna de inacción ni por parte de este Gobierno, ni de los jueces, ni de sus representantes electos en las cámaras legislativas. Los tres poderes del Estado han de salir al paso de los enemigos de la democracia representativa y de la Constitución, que invocan legitimidades alternativas y populares de infausto recuerdo. En este sentido, la operación de desmantelamiento del referéndum ilegal que se produjo ayer marca un punto de inflexión que todo demócrata contempla con alivio y esperanza. Porque aquí no se está ventilando un duelo de legalidades en pie de igualdad, como pretende la propaganda independentista y populista, sino el restablecimiento de los derechos y las libertades de todos los españoles allí donde han sido atacados. Y en primer lugar de los catalanes, cuyas instituciones han sido usurpadas por un proyecto separatista que pretende monopolizar el espacio público y excluir al discrepante del debate político.
No hay comentarios:
Publicar un comentario