y sin embargo estamos desnudos”. Muchos de los 810 jueces y magistrados llamados a hacer cumplir la Constitución ante el desafío secesionista temen que la Generalitat —de la que dependen desde el punto de vista logístico— intente bloquear su labor en las horas críticas del referéndum ilegal de este domingo. “Desde los edificios que ocupamos”, explica Luis Rodríguez Vega, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, “hasta los bolígrafos con los que firmamos las sentencias, todo pertenece a la Generalitat”. “Hay una sensación de fortaleza del Estado que es falsa, porque España se ha ido retirando y ya es casi imperceptible en muchos lugares. Y ahora nos toca a nosotros. Nos quieren dar a elegir entre la Constitución y la nueva legalidad. Es terrible, pero no tendremos más remedio que elegir entre la traición y el exilio”, dice.
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