Más allá de la intervención total o parcial de la cuentas autonómicas y de las responsabilidades penales en las que pudieran incurrir los altos cargos de la Generalidad por incumplir la ley en su intento por celebrar el referéndum del próximo 1 de octubre, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y su segundo de a bordo, el vicepresidente Oriol Junqueras, podrían ser destituidos de sus funciones, junto al resto de consejeros, secretarios, directores generales y demás autoridades públicas que colaboren en el "procés". En este sentido, la cercanía del 1-O ha disparado el debate acerca de lo que sucederá el día después de tan señalada fecha, incluyendo la opción de que se convoquen elecciones anticipadas en Cataluña en un intento por evitar la inhabilitación de la cúpula independentista para ejercer como cargos públicos, tal y como publica El Mundo este lunes. Sin embargo, existen, al menos, cuatro vías que dejarían sin efecto esta estrategia: dos estrictamente judiciales y otras dos administrativas.
1. Tribunal Constitucional.
2. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
3. Artículo 155 de la Constitución.
4. Ley de Transparencia.
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