
Ya no es la reciente presión sobre los magistrados que puedan juzgar sus acciones, ni la polvareda con la que se aroma sectariamente, en ámbitos nacionales e internacionales, en burda y punible forma de presionar a los tribunales, sino las evidencias de que no puede 1º actuar retroactivamente con una jurisdicción, todavía pendiente, de un Tribunal Penal Internacional en desarrollo y 2º que no puede aludir a este supuesto para atentar contra la ley de amnistía acordada por todos los constituyentes españoles y que alienta su voluntad democrática de concordia, asumiendo el pasado como propio y común, sin resquicios para el guerracivilismo. Este sujeto al que le vienen grandes las funciones de su magistratura, carece del mínimo sentido común. Los ciudadanos podemos y debemos acordar una convivencia en paz, por encima de nuestro pasado que en nombre de esa voluntad se hace común. Darle vueltas a pormenores arbitrarios de parte, juzgar la generosidad de los constituyentes y, por fín, querer convertirse en agrimensores de la conciencia de la historia con voluntad y jurisdicción de juicio final, es de una torpeza y de una pretenciosidad que debería impedir a los chicos de la ESO su acreditación y el acceso al bachillerato y, con urgencia, remitir a quienes esperen beneficios de esas locuras a la correspondiente asistencia técnica.
La administración de justicia, anónima y de rigurosa competencia, debe impedir anormalidades, en su condición y funcionamiento, como el Sr. Garzón.
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