domingo, 25 de abril de 2010

Víctor Pradera (EL PAIS) dijo en su momento que

la justicia iba a lomos de un "hijo de puta"... ¿Qué dirán ahora los que en otro tiempo echaban espumarajos por la boca en contra de aquel juez, el mismo de entonces que es el de ahora que, como todos los ahoras, es el ápice? Un estado no puede permitirse tanta dejación. No puede consentir que un juez incompetente instruya mal, que entre y salga o salte de un poder a otro, que administre ad libitum los casos, que pueda dejarlos pudrir según conveniencia, que los instrumente política, social, económicamente, como poder personal, dispuesto a marrullear con la ley o a hacer pretenciosas chapuzas político-jurídicas, revestidas de innovación y compromiso (no siendo otra cosa que torpeza y oportunismo) que pueda tener amedrentado a su entorno, pendiente o sometido a sus intereses como poder autónomo, excrecencia miserable de arrogancia, por la que un servidor público acaba sirviéndose del poder para cumplir con sus ambiciones y delirios de grandeza. La ciudadanía no puede permitirse tanta incompetencia y tanto atrevimiento capaz de arremeter con todo. La arrogancia de Garzón, su afán de notoriedad, su ambición sobre la base de una incompetencia reiterada y de su ceguera por una superior exaltación, dejan a la democracia a merced del disparate.
Ya no es la reciente presión sobre los magistrados que puedan juzgar sus acciones, ni la polvareda con la que se aroma sectariamente, en ámbitos nacionales e internacionales, en burda y punible forma de presionar a los tribunales, sino las evidencias de que no puede 1º actuar retroactivamente con una jurisdicción, todavía pendiente, de un Tribunal Penal Internacional en desarrollo y 2º que no puede aludir a este supuesto para atentar contra la ley de amnistía acordada por todos los constituyentes españoles y que alienta su voluntad democrática de concordia, asumiendo el pasado como propio y común, sin resquicios para el guerracivilismo. Este sujeto al que le vienen grandes las funciones de su magistratura, carece del mínimo sentido común. Los ciudadanos podemos y debemos acordar una convivencia en paz, por encima de nuestro pasado que en nombre de esa voluntad se hace común. Darle vueltas a pormenores arbitrarios de parte, juzgar la generosidad de los constituyentes y, por fín, querer convertirse en agrimensores de la conciencia de la historia con voluntad y jurisdicción de juicio final, es de una torpeza y de una pretenciosidad que debería impedir a los chicos de la ESO su acreditación y el acceso al bachillerato y, con urgencia, remitir a quienes esperen beneficios de esas locuras a la correspondiente asistencia técnica.
La administración de justicia, anónima y de rigurosa competencia, debe impedir anormalidades, en su condición y funcionamiento, como el Sr. Garzón.

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